Esta semana empezó con una imagen y termina con una fecha. La imagen es la de Maricarmen, sacada en camilla de la casa donde vivía, ante cientos de testigos, y la de las tiendas de campaña en la Puerta del Sol. La fecha es la que anunció hoy Pedro Sánchez: disolución de las Cortes y elecciones generales el domingo 29 de noviembre. En medio, el viernes, el Congreso derribó los dos decretos de vivienda con los que el Gobierno pretendía responder a esa calle. Y hace apenas unos días se estrenó La bola negra, una película sobre alguien a quien un club deja fuera con un voto discreto: un gesto que la guerra civil convirtió en tragedia nacional y que, en democracia, solo debería tener una forma legítima, la urna.
Estas elecciones no son un accidente. Son la consecuencia de un desgaste acumulado en tres frentes a la vez: una vivienda que se ha vuelto inalcanzable para toda una generación, unas instituciones cuya credibilidad se ha resentido y una legislatura que dejó de poder legislar. Y conviene decir desde el principio algo incómodo para quien lleva más de ocho años en La Moncloa: ninguno de los tres es una sorpresa de esta semana.
Una casa imposible: Maricarmen, Sol y el decreto que cayó
Empecemos por Maricarmen, porque su caso lo ha convertido todo en símbolo. Recibió en mayo de 2024 una carta de la propiedad que le exigía abandonar la casa, y un juzgado ordenó su desahucio, aplazado a la espera de un informe de vulnerabilidad y de una alternativa habitacional. Aparentemente, se señala que el fondo propietario se negó a negociar y que las administraciones fueron negligentes, en plural, porque en un caso así intervienen un juzgado, un Ayuntamiento, una Comunidad y un Estado. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aseguró después que los servicios sociales le proporcionarían alojamiento. Es un caso que enfrenta dos legitimidades: el derecho de un propietario a recuperar su inmueble por vía judicial y la dificultad de aceptar que una mujer de 87 años acabe fuera de la casa donde su familia vivió 70. Pero, por lo que se sabe, no falló una ley que faltara, falló el sistema que debía aplicarlas.
Lo que vino después fue una reacción callejera con eco generacional. Cientos de jóvenes, en más de 300 tiendas, pasaron noches a ras de suelo en la Puerta del Sol para exigir un decreto de vivienda que bautizaron «decreto Maricarmen», y el campamento se organizó en «calles» con nombres como la Avenida de Maricarmen. Quien tenga memoria recordará que el 15-M de 2011 también convirtió esa plaza en un campamento durante semanas, y que de aquello salieron una generación política y partidos nuevos. No sé si esta acampada tendrá ese recorrido, pero el malestar de fondo es parecido: una generación que siente que el contrato social, estudiar, trabajar, ahorrar, comprar, ya no funciona para ella.
Los datos explican esa sensación, y son especialmente duros para un Gobierno que ha hecho de la vivienda una bandera. El precio de la vivienda sube un 12,1% interanual, el triple que la media de la zona euro, con cuatro trimestres seguidos de alzas de doble dígito, y el alquiler medio ha subido un 8,55% en un año. Todo ocurre en una economía en la que, sobre el papel, va bien, porque el PIB creció un 2,7% interanual en el segundo trimestre, pero la inflación ronda el 4,9% por el encarecimiento de los carburantes, y las familias hacen frente a un coste de vida más alto. Es la paradoja de esta campaña: un país que crece y una parte de su población que no lo nota.
Y aquí está la pregunta que el poder evita. El Gobierno quiso responder con dos decretos: uno que prohibía los desahucios a personas vulnerables y prorrogaba los contratos que vencen este año, y otro con renovación automática de alquileres. Es una receta basada en limitar y prorrogar, y no en construir. Para sus defensores, protege a quien lo necesita ya. Para sus críticos, regular sin ampliar la oferta tiende a reducir los pisos disponibles en alquiler, porque quien puede vender o dejar de alquilar lo hace.
Vox sostuvo que los decretos intervenían el mercado y atacaban la propiedad privada, y Junts, cuyos siete votos fueron decisivos, hizo llegar una propuesta de mínimos para negociar un decreto nuevo sobre alquiler y ocupaciones. El Gobierno se negó a retirar los textos y a redactar uno que atendiera esas condiciones. La raíz del problema, en lo que casi todos coinciden, es la falta de vivienda construida, y esa no se resuelve con un decreto ni se resolvió en esta legislatura.
Un Gobierno en minoría que ya no podía gobernar
Los decretos de vivienda eran, según varios medios, la principal bandera legislativa del Gobierno, y su caída explica el calendario. El resultado fue de 172 votos a favor y 178 en contra en el primero, y de 166 a 184 en el segundo, con el voto negativo añadido del PNV y de Coalición Canaria. Y hay un detalle que dice mucho del estado de la legislatura: las medidas decayeron apenas 24 horas después de su entrada en vigor. Es decir, inquilinos y propietarios pasaron de un régimen a otro en un día. La inseguridad jurídica es un coste real, y se paga siempre en el lado más débil: quien tiene un contrato a punto de vencer.
Tras el revés, Sánchez se tomó un fin de semana de reflexión y esta mañana anunció la disolución, pidiendo una mayoría mucho más amplia y progresista con la que doblegar a las élites. Quien lleva más de ocho años en La Moncloa se presenta contra las élites. Es un planteamiento legítimo en campaña, pero difícil de sostener sin una pregunta previa sobre quién ha gobernado todo este tiempo. Además, conviene destacar que el Gobierno prefirió la votación nominal, que retrata a cada diputado, a la negociación que habría salvado el texto, es decir, que buscó más el argumento electoral que la ley. Y la estrategia parece asumida: su equipo apuesta por presentar al PSOE como protector de los débiles frente a una derecha desalmada.
Detrás hay un problema más profundo: la legislatura termina sin nuevos Presupuestos. Gobernar en minoría con un arco de apoyos que va de Bildu a Junts exige negociar cada ley con socios que quieren cosas incompatibles, y a partir de cierto punto ese equilibrio es imposible. No es solo un fracaso de este Gobierno, es el de un sistema fragmentado que ya no produce mayorías estables. Pero sí es, en buena medida, el resultado de una forma de gobernar basada en decretos y en concesiones a quienes tienen sus propios intereses, que ha acabado agotando el crédito.
La sombra de los tribunales
El segundo frente, el de la corrupción, exige distinguir lo probado de lo pendiente. Conviene empezar por lo que ya no admite discusión, porque son sentencias. El Tribunal Supremo condenó en junio al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, y a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses, por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. No se trata de una multa ni de un asunto menor: es una condena de cárcel de dos décadas para quien fue mano derecha del presidente en el Consejo de Ministros.
A ello se suman otras sentencias en el entorno del poder: David Sánchez, hermano del presidente, fue condenado por la Audiencia de Badajoz a nueve años de inhabilitación por prevaricación, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue inhabilitado por dos años. Un fiscal general que, recordemos, fue nombrado por este mismo Gobierno. Y quedan abiertas las causas más delicadas: Begoña Gómez, esposa del presidente, será juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y en la Audiencia Nacional sigue la instrucción sobre Santos Cerdán y las llamadas cloacas del PSOE, donde los informes de la UCO sitúan presuntamente a Cerdán como coorganizador de una red destinada a desactivar las causas que salpicaban al entorno del presidente.
Pero la responsabilidad judicial no agota la política. Ábalos y Cerdán no fueron colaboradores cualquiera: fueron los dos secretarios de Organización del PSOE, es decir, quienes controlaron la maquinaria del partido bajo el liderazgo de Sánchez, y los casos más graves de esta legislatura nacen en su círculo más cercano, familiar y político. Un juez decide si hubo delito; los ciudadanos deciden si quien eligió y mantuvo a esas personas merece seguir al frente. Esa es la pregunta que el 29N hará, quiera o no el Gobierno, y que el discurso contra las élites no responde.
Ceuta: la frontera que se nos cayó encima
El tercer frente tiene nombre geográfico. Entre el 30 y el 31 de julio, decenas de miles de personas entraron en Ceuta desde territorio marroquí, con estimaciones oficiales que oscilan entre las 50.000 y las 72.000, la mayor entrada de la historia reciente de esa frontera, entre cinco y ocho veces la de 2021, y con decenas de muertos.
Lo que ocurrió después es lo que más debería preocupar a cualquiera que crea en el control de las fronteras de España: Bruselas ofreció desde los primeros días reforzar la ciudad con agentes de Frontex, y su directora general reiteró la oferta por carta el 21 de agosto. El Gobierno gestionó la emergencia con medios nacionales y solo el 28 de agosto, casi un mes después de que cayera la frontera, solicitó formalmente el apoyo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo. La Comisión Europea, que aprobó una ayuda de emergencia de 114,7 millones, lo hizo después de que España reconociera que sola no podía. La oposición habla de reacción tardía; el Gobierno sostiene que recuperó el control con sus propios medios y reclama ahora solidaridad europea. Pero la secuencia de hechos es la que es: primero la gestión en solitario, y la petición de ayuda un mes más tarde.
Pero hay una pregunta de fondo que el Ejecutivo no ha respondido. En 2022, Sánchez cambió de forma unilateral la posición histórica de España sobre el Sáhara, respaldando el plan de autonomía marroquí en una carta al rey Mohamed VI, sin debate parlamentario previo, con el argumento de que abría una nueva etapa de cooperación con Rabat. Cuatro años después, la mayor entrada irregular que ha conocido Ceuta ha llegado precisamente desde el país al que se le hizo esa concesión. El presidente calificó los hechos de violación de la integridad territorial de España, pero evitó responsabilizar a las autoridades marroquíes. Cabe preguntarse qué sentido tiene una política de apaciguamiento si no protege ni siquiera aquello que se supone que garantiza.
El Parlamento Europeo ya denunció en 2021 el uso instrumental de la presión migratoria por parte de Marruecos, y Rabat sigue sin reconocer la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Ante una frontera que está sometida a presión política desde hace años, el Gobierno respondió con comunicados y con la petición de ayuda cuando la crisis ya estaba desbordada. Ceuta no se defiende con diplomacia de cortesía: se defiende con previsión, con medios y con una política exterior que pida algo a cambio de lo que da.
Dos bloques y un voto que no se parece al de 2023
¿Dónde nos deja todo esto de cara al 29N? Los sondeos privados coinciden en lo esencial: proyectan una mayoría de PP y Vox por encima de los 176 diputados que dan la mayoría absoluta. El barómetro de 40dB para El País y la SER da la victoria al PP con un 31,6% y sitúa a Vox en un 18,4%, seis puntos más que en 2023, y según el análisis de Deia, populares y Vox suman exactamente la mitad de la estimación de voto. Sigma Dos concede 140 escaños al PP y 63 a Vox, 203 en total, frente a 103 del PSOE y 9 de Sumar.
La excepción es el CIS, que en septiembre daba la victoria al PSOE con un 31% frente al 25,5% del PP. Es el mismo organismo, presidido por José Félix Tezanos, cuyas estimaciones han sido discutidas durante toda la legislatura, y cuyo encuadre no coincide con ningún otro sondeo serio. Aun así, conviene la prudencia: ninguna encuesta vota, y 54 días de campaña dan para mucho.
Lo que sí parece claro es la forma del tablero. Quien sostuvo a este Gobierno fue un bloque heterogéneo, de Bildu a Junts pasando por ERC y el PNV, cuyo precio político conocemos: la ley de amnistía, aprobada para asegurar la investidura de 2023 pese a que Sánchez había dicho en campaña que no la concedería. Esa mayoría ha mostrado sus límites a las primeras de cambio y se parece cada vez menos a un proyecto y más a una suma de intereses que ya no suman. A la izquierda, Sumar se desploma: de los 31 escaños que tiene hoy a una cifra de un dígito en varias proyecciones, mientras Podemos pelea por seguir existiendo.
Del otro lado, Vox crece. Según el análisis de El Español sobre su encuesta, el partido de Abascal recupera pulso y capitaliza buena parte de la frustración contra el Gobierno, una frustración que tiene nombre y apellidos: una vivienda inalcanzable, una frontera desbordada en Ceuta y un entorno presidencial en los tribunales. Cuando el votante siente que el Gobierno no ha resuelto ninguno de sus problemas, castiga, y lo hace donde le parece que se le escucha. Al PP, por su parte, le tocará demostrar que su victoria, si llega, no consiste solo en no ser el PSOE, y que sabe entenderse con Vox para gobernar con estabilidad.
Una urna, muchas bolas
Volvamos al principio. En los casinos del siglo pasado, las admisiones se votaban con bolas blancas y negras, y una sola negra bastaba para dejar fuera a alguien. La lógica del club, la del nosotros contra ellos, la del que queda fuera, no es ajena a nuestra política, y conviene preguntarse quién la ha practicado más. Durante años se ha tratado de tender un cordón sanitario alrededor de millones de votantes, a los que se ha etiquetado como «ultraderecha» para no tener que discutir sus argumentos sobre inmigración, seguridad, vivienda o fronteras. Se ha agitado a «las élites» como enemigo mientras quienes se presentaban contra ellas gobernaban desde hacía ocho años, y se ha presentado cada derrota parlamentaria como una conspiración y no como el resultado de no tener los votos. Esa política de bolas negras, repartidas desde el poder, nos ha traído hasta aquí, y la campaña que empieza mañana va a ponerla a prueba.
No sé quién ganará el 29 de noviembre, y desconfío de quien lo da por hecho. Sí sé qué le exigiría a quien gane: que rinda cuentas con datos y sin atajos, que trate la vivienda, la corrupción y la frontera como problemas de Estado y no como armas de campaña, y que gobierne para quienes no le han votado, incluidos los que hasta ahora se han sentido señalados. Porque, al final, el voto es secreto precisamente para que nadie pueda ponerle la bola negra a otro desde el poder, y el 29 de noviembre cada español podrá depositar la suya.