Cuando en septiembre de 1993 Yitzhak Rabin y Yasser Arafat se estrecharon la mano en los jardines de la Casa Blanca ante una sonriente administración Clinton, pocos imaginaban que aquel gesto pasaría a la historia no como el inicio de una paz duradera, sino como el prólogo de uno de los mayores fracasos de la diplomacia internacional contemporánea. Treinta años después, Gaza arde, y con ella lo hacen también las certezas de un orden internacional que se proclama garante de los derechos humanos pero que ha demostrado ser incapaz —o simplemente reacio— de hacer cumplir sus propias normas.
El conflicto que hoy se desarrolla en Gaza no es una irrupción súbita de violencia irracional. Es el desenlace previsible, casi matemático, de décadas de arquitectura jurídica y política fallida. Entenderlo exige salir del ruido informativo del presente y preguntarse algo incómodo: ¿qué ha hecho realmente la comunidad internacional en estos treinta años?
El espejismo de Oslo
Los Acuerdos de Oslo establecieron en 1993 un marco de autogobierno palestino que, sobre el papel, parecía razonable. La Autoridad Palestina recibiría competencias ejecutivas, judiciales y legislativas. Cisjordania quedaría dividida en tres zonas administrativas —A, B y C—, con un calendario de negociaciones que debía culminar en un acuerdo definitivo de dos estados en un plazo de cinco años.
Ese plazo expiró. Luego expiró otra vez. Y otra.
El Protocolo de París de 1994, anejo económico a Oslo, fijó las relaciones comerciales y fiscales entre Israel y la futura entidad palestina. Fue presentado como una medida provisional. Sigue vigente. En la práctica, ató la economía palestina a la israelí en condiciones manifiestamente asimétricas, generando una dependencia estructural que convirtió a Palestina en el mayor receptor per cápita de ayuda internacional entre los países en vías de desarrollo. Un dato que, lejos de ser motivo de orgullo para los donantes, debería ser objeto de profunda reflexión.
La zona C de Cisjordania —que representa aproximadamente el 60% del territorio de Cisjordania y contiene los recursos agrícolas e hídricos más valiosos— quedó bajo control administrativo y de seguridad pleno de Israel. Según los acuerdos originales, su transferencia gradual a la Autoridad Palestina debía completarse en el período interino. No ocurrió. Lo que sí ocurrió fue que la población colona israelí en esa zona se multiplicó por cuatro en las dos décadas siguientes, mientras las demoliciones de estructuras palestinas aumentaban de forma continua y progresiva a partir de 2020.
El fracaso de Oslo no fue un accidente. Fue el resultado de unas negociaciones que reflejaban, como no podía ser de otro modo, la asimetría de poder entre las partes. Los acuerdos respondieron a las lógicas de posición que ambos actores ocupaban en las jerarquías de poder regional. Israel negoció desde una posición de fuerza. La OLP, desde el exilio y el debilitamiento. El resultado fue un marco que consagró esa desigualdad en vez de corregirla.
Cinco mil millones de euros y un conflicto sin resolver
Ante el hundimiento del proceso de paz, la comunidad internacional optó por una respuesta que, en términos diplomáticos, podría calificarse de sustitutiva: la ayuda al desarrollo. Si no había horizonte político, al menos habría hospitales, escuelas y sistemas de riego.
La Unión Europea se convirtió en el principal exponente de esta estrategia. Desde la firma de los Acuerdos de Oslo, ha aportado más de 5.600 millones de euros a los Territorios Palestinos, erigiéndose como el mayor donante mundial en materia de cooperación al desarrollo para Palestina. Bruselas ha financiado infraestructuras agrícolas en la zona C, proyectos de depuración y acceso al agua, salarios de funcionarios palestinos a través del mecanismo PEGASE, programas educativos y sanitarios, y contribuciones sustanciales a la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos.
El balance es cuantioso en términos financieros. En términos políticos es, como mínimo, ambivalente.
¿Por qué? Porque parte significativa de esa infraestructura financiada con fondos europeos ha sido demolida o confiscada por las autoridades israelíes, que han argumentado en numerosas ocasiones la falta de permisos de construcción en la zona C —permisos que Israel controla y que otorga con una generosidad selectiva bien documentada. La Unión Europea ha protestado formalmente. Ha pedido el cese de las demoliciones. Ha continuado financiando. Y ha continuado protestando.
Este ciclo —inversión, demolición, protesta, inversión— tiene un nombre en teoría política: incoherencia estratégica. Y sus consecuencias no son neutras. En la práctica, la financiación europea ha permitido que Israel mantenga su control sobre la zona C sin asumir íntegramente los costes económicos de administrar y sostener a la población palestina que allí reside. Europa paga las infraestructuras; Israel decide cuáles se quedan en pie.
El doble rasero que Europa no quiere nombrar
No se trata de una acusación ideológica. Se trata de una constatación empírica que emerge con claridad cuando se comparan los instrumentos retóricos y los instrumentos reales de la política exterior europea hacia el conflicto.
En sus documentos oficiales, la Comisión Europea describe sus objetivos en Palestina en términos de democracia, estado de derecho, derechos humanos, buena gobernanza y desarrollo económico sostenible. Son principios loables. El problema es que esos mismos documentos incluyen cláusulas explícitas que condicionan la ayuda a garantías de que ningún euro europeo financie, directa o indirectamente, actividades que puedan beneficiar a organizaciones consideradas terroristas —léase Hamas— o que fomenten la violencia contra Israel.
La asimetría es llamativa. No existe una cláusula análoga que condicione la ayuda o los acuerdos comerciales con Israel a garantías de que las estructuras financiadas con fondos europeos no sean demolidas, que los permisos de construcción en zona C se otorguen con criterios no discriminatorios, o que el ritmo de expansión de los asentamientos —ilegales según el derecho internacional— se detenga.
Esto no implica que la Unión Europea sea cómplice de ningún crimen. Implica que su política exterior en esta región refleja una jerarquía de prioridades en la que Israel ocupa, por razones geopolíticas perfectamente comprensibles aunque discutibles, una posición preferente. Es la lógica del realismo político aplicada con una capa de barniz liberal: se habla de valores universales y se actúa desde el cálculo de intereses.
El colapso del derecho internacional humanitario
El conflicto que estalló el 7 de octubre de 2023 introdujo una variable que el sistema internacional no estaba en condiciones de procesar con sus mecanismos habituales. El ataque de Hamas contra población civil israelí fue un crimen de guerra documentado e indiscutible. La respuesta militar israelí en Gaza ha generado, según organismos de Naciones Unidas, una crisis humanitaria de proporciones que los propios informes de la ONU califican de excepcionales en el contexto contemporáneo.
El derecho internacional humanitario —los Convenios de Ginebra, el principio de proporcionalidad, la prohibición de utilizar el hambre como método de guerra, la protección de infraestructura civil— existe precisamente para situaciones como esta. Su aplicación, sin embargo, ha resultado extraordinariamente selectiva.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, bloqueado por el derecho de veto, ha sido incapaz de adoptar resoluciones vinculantes. La Corte Internacional de Justicia ha dictado medidas cautelares. Su implementación es una cuestión abierta. La Unión Europea tardó semanas en articular una posición mínimamente coherente, ante posiciones radicalmente divergentes entre sus estados miembros —con España e Irlanda en un extremo y Alemania o Austria en el otro.
Este desorden institucional no es solo un fallo de coordinación. Es el síntoma de un sistema de gobernanza global diseñado en 1945 para un mundo bipolar y que muestra sus costuras ante conflictos en los que uno de los actores forma parte de la red de alianzas occidentales. El derecho internacional no tiene mecanismos efectivos de aplicación coercitiva cuando los infractores gozan de la cobertura política de una potencia con derecho de veto. Esta es la verdad estructural que subyace al colapso humanitario que estamos presenciando.
Lo que el derecho no puede hacer solo
Es tentador concluir que el problema es puramente jurídico: si se aplicara el derecho internacional con rigor y sin excepciones, el conflicto se encauzaría. Pero el derecho internacional no se aplica en el vacío. Se aplica —o se incumple— en función de relaciones de poder, de intereses estratégicos, de geometrías de alianza que tienen su propia lógica y su propia historia.
La comunidad internacional lleva treinta años construyendo escuelas en una zona donde quien controla los permisos de construcción decide cuáles permanecen en pie. Ha financiado instituciones palestinas mientras toleraba que el marco de Oslo —que debía ser transitorio— se convirtiera en permanente. Ha hablado de dos estados mientras el territorio disponible para uno de ellos se reducía de facto. Y ahora observa, con creciente alarma retórica y limitada capacidad de acción efectiva, el colapso humanitario que es, en parte, el resultado de esa acumulación de incoherencias.
Esto no exculpa a ningún actor de sus responsabilidades individuales. No exime del juicio moral ni jurídico los crímenes cometidos, vengan de donde vengan. Pero sí obliga a una pregunta que la política de los comunicados y las condenas formales tiende a eludir: ¿qué tipo de orden internacional queremos, y estamos dispuestos a asumir los costes de construirlo?
Mientras esa pregunta permanezca sin respuesta, el derecho humanitario internacional seguirá siendo, en casos como este, una promesa tan solemne como incumplida.